Antes y después del INAI.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) marcó un antes y un después en la transparencia y el acceso a la información en México. A continuación, les detallo el contexto antes de su creación, su impacto durante su existencia y las implicaciones tras su desaparición en 2024:

Antes del INAI

  • Opacidad gubernamental: Antes de la creación del INAI, México enfrentaba una cultura de opacidad en la gestión pública. La información gubernamental era difícil de obtener, y no existía un mecanismo institucional claro para garantizar el acceso a datos públicos o la protección de datos personales.
  • Presión social y reformas iniciales: A finales de los 90 y principios de los 2000, la alternancia política con la llegada de Vicente Fox al poder (2000) y la presión de la sociedad civil, como el Grupo Oaxaca, impulsaron la necesidad de regular el acceso a la información. En 2002, se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sentando las bases para la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), predecesor del INAI.
  • Falta de un organismo autónomo robusto: Aunque existían esfuerzos locales en estados como Sinaloa y Jalisco para regular la transparencia, no había una entidad nacional con autonomía constitucional que garantizara estos derechos de manera uniforme.
  • Limitaciones en protección de datos: La protección de datos personales no estaba regulada de manera integral, dejando a los ciudadanos vulnerables ante el mal uso de su información por parte de entidades públicas y privadas.

Durante el INAI (2002-2024)

  • Creación y evolución: El IFAI comenzó a operar en 2003 y en 2014 se transformó en el INAI tras una reforma constitucional que amplió su alcance y autonomía. Su objetivo principal fue garantizar dos derechos fundamentales: el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
  • Funciones clave:
  • Acceso a la información: El INAI obligaba a entidades públicas, partidos políticos, sindicatos y cualquier persona que manejara recursos públicos a entregar información solicitada por los ciudadanos, salvo en casos de información reservada. La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) facilitó este proceso digitalmente, recibiendo más de 300 mil solicitudes anuales.
  • Protección de datos: Garantizaba el uso adecuado de datos personales, promoviendo derechos como el acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO).
  • Resoluciones vinculantes: Las decisiones del INAI eran definitivas e inatacables, lo que obligaba a las instituciones a cumplir con la entrega de información, salvo en casos de seguridad nacional.
  • Impacto:
  • Fortalecimiento de la democracia: El INAI promovió la rendición de cuentas y la participación ciudadana al hacer pública información sobre casos como la Estafa Maestra o irregularidades en SEGALMEX.
  • Cultura de transparencia: A través de la PNT y programas educativos, se fomentó una mayor conciencia sobre el derecho a la información.
  • Sistema Nacional de Transparencia: Coordinó a los 32 organismos garantes estatales, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI para homogeneizar políticas de transparencia.
  • Desafíos:
  • Críticas por su autonomía limitada debido a nombramientos de comisionados basados en cuotas partidistas.
  • Tensiones con el gobierno, especialmente bajo la administración de López Obrador, quien cuestionó su utilidad y propuso su eliminación.

Después del INAI (2024 en adelante)

  • Desaparición: En febrero de 2024, el presidente López Obrador propuso una reforma constitucional para eliminar el INAI y otros organismos autónomos, argumentando que fomentaban la opacidad y la corrupción. La reforma fue aprobada por el Congreso y publicada el 20 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación. El INAI dejó de existir oficialmente, y sus funciones fueron transferidas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Secretaría de la Función Pública).
  • Implicaciones:
  • Pérdida de autonomía: Expertos advierten que al trasladar las funciones del INAI a una secretaría dependiente del Ejecutivo, se pierde la independencia necesaria para exigir transparencia al gobierno. Esto podría limitar el acceso a información sensible, como casos de corrupción o violaciones a derechos humanos.
  • Riesgo para la Plataforma Nacional de Transparencia: La PNT podría desaparecer o volverse inoperable, dificultando el acceso digital a información pública.
  • Impacto en el Sistema Nacional de Transparencia: La eliminación del INAI desarticula este sistema, afectando la coordinación con organismos estatales y reduciendo la capacidad de revisión de decisiones locales.
  • Protección de datos personales: La tutela de este derecho podría debilitarse, ya que la nueva entidad podría no tener la misma capacidad técnica o independencia para garantizarlo.
  • Reacciones:
  • El INAI exhortó a la sociedad a seguir exigiendo sus derechos de acceso a la información y privacidad tras su desaparición.
  • Voces críticas, como excomisionados y organizaciones civiles, consideran que la reforma representa un retroceso de dos décadas en materia de transparencia y democracia.
  • Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma, afirmando que la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno garantizará más transparencia y mejor resguardo de datos.
  • Futuro incierto: Con un plazo de 90 días a partir del 21 de diciembre de 2024 para emitir la legislación secundaria y el decreto de extinción, el nuevo sistema de transparencia aún no está claro. Los expertos temen que sea más lento, opaco y dependiente del gobierno, lo que podría dificultar la rendición de cuentas y el acceso a información vital.

Resumen

Antes del INAI, la opacidad dominaba la gestión pública mexicana. Durante su existencia, el INAI fortaleció la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos, consolidando un sistema nacional robusto. Tras su desaparición en 2024, México enfrenta un retroceso en autonomía y eficacia, con riesgos para el derecho a la información y la lucha contra la corrupción. La sociedad civil y los expertos instan a vigilar el nuevo sistema para evitar que la transparencia se vea comprometida.

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