La administración de Donald Trump ha ordenado una política de «mano dura» contra el tráfico de armas hacia México, enfocada en frenar el flujo de armamento que alimenta la violencia de los cárteles mexicanos. Esta estrategia, respaldada por el presidente y la fiscal general Pam Bondi, incluye medidas como:
- Designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras: En febrero de 2025, cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, y otros fueron clasificados como terroristas, permitiendo cargos más severos y condenas agravadas por delitos relacionados con el tráfico de armas, drogas o lavado de dinero.
- Fortalecimiento de operativos fronterizos: La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han intensificado la vigilancia en la frontera, con operativos como «Relámpago del Desierto» que han resultado en la incautación de miles de armas.
- Sanciones más duras para intermediarios: Los compradores de armas en EE. UU. que actúan como testaferros enfrentan penas más severas, sin distinción de nacionalidad, bajo la nueva clasificación de los cárteles.
- Resultados reportados: Entre el 20 de enero y el 1 de mayo de 2025, la ATF inició 8,501 casos de delitos violentos, arrestó a 1,912 delincuentes y evitó que 9,700 armas llegaran a manos de criminales.
El agente especial de la ATF, Brendan Iber, destacó que la misión es reducir el crimen violento y evitar que los cárteles obtengan armas ilegales, señalando que estos grupos han infiltrado comunidades en EE. UU. durante años. Por su parte, el fiscal de Arizona, Timothy Courchaine, enfatizó un esfuerzo unificado para desmantelar estas redes criminales, calificando la violencia de los cárteles como «abominable».
Esta política responde también a negociaciones bilaterales, como las sostenidas con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien ha abogado por frenar el tráfico de armas hacia México. Sin embargo, algunos críticos advierten que la designación de cárteles como terroristas podría complicar la cooperación bilateral y afectar la soberanía mexicana, además de generar riesgos legales para personas no directamente involucradas con el crimen organizado.
Por otro lado, hay reportes contradictorios sobre las políticas de Trump en relación con las armas. En abril de 2025, firmó un decreto para facilitar exportaciones de armas estadounidenses, lo que podría beneficiar a contratistas de defensa, pero también ha generado preocupaciones sobre un posible aumento en la disponibilidad de armas. Además, organizaciones como GIFFORDS han señalado que Trump previamente buscó relajar controles sobre ventas de armas, lo que podría haber favorecido a traficantes.
