El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar la candidatura de César Mario Gutiérrez Priego a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a cuestionamientos sobre su elegibilidad. La decisión responde a una impugnación presentada por el exmilitar Ricardo Alejandro Vázquez, quien argumenta que Gutiérrez Priego no cumple con el requisito constitucional de «gozar de buena reputación», establecido en el artículo 95, por presuntos vínculos con el crimen organizado y el historial de su padre, el general Jesús Gutiérrez Rebollo.
Gutiérrez Priego, abogado especializado en derecho penal, militar y seguridad nacional, es hijo de Gutiérrez Rebollo, conocido como el «zar antidrogas» en los años 90, quien fue condenado a 40 años de prisión por nexos con Amado Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez. La solicitud de revisión se basa en dudas sobre la idoneidad del candidato, incluyendo acusaciones de haber protegido a agresores de un menor, lo que ha generado controversia.
El INE inicialmente señaló que no tenía competencia para cancelar candidaturas, pero el TEPJF, por unanimidad, revocó esta postura y ordenó al Consejo General del INE realizar un análisis de fondo sobre los requisitos legales, éticos y profesionales de Gutiérrez Priego. La resolución debe evaluar si el candidato cumple con los criterios de reputación pública y ausencia de conflictos de interés, considerando el contexto de su padre. El fallo no implica la cancelación automática de la candidatura, pero el resultado del análisis será determinante para su continuidad en el proceso electoral judicial del 1 de junio de 2025.
Gutiérrez Priego ha defendido su candidatura, proponiendo el uso de plataformas electrónicas para agilizar procesos judiciales y promover la transparencia. Además, ha generado controversia al anunciar que publicará audios que, según él, vinculan a la familia del expresidente Ernesto Zedillo con el narcotráfico, acusando una campaña de difamación en su contra.
El caso se enmarca en un debate más amplio sobre la idoneidad de los candidatos al Poder Judicial y la transparencia en el proceso de selección, con organizaciones civiles pidiendo la anulación de candidaturas con antecedentes cuestionables. El INE deberá emitir una resolución fundamentada en breve, lo que podría sentar un precedente para futuros casos.
