La afirmación de que Rodolfo “Fofo” Márquez debió ser juzgado como persona con discapacidad mental proviene de HotSpanish, un creador de contenido y ex amigo del influencer, quien aseguró que Márquez mostraba signos evidentes de problemas psiquiátricos no tratados desde hace años. Según HotSpanish, él advirtió a la madre de Fofo sobre su comportamiento errático, sugiriendo que necesitaba ayuda psiquiátrica, pero no se tomaron medidas. En su opinión, el sistema judicial mexicano no evaluó adecuadamente la salud mental de Márquez, y en lugar de una sentencia de 17 años y 6 meses por tentativa de feminicidio, debería haber sido internado en una institución psiquiátrica para recibir tratamiento, como ocurre en países como Estados Unidos.
Por otro lado, una perito en psicología, Laura Alor, identificó que Márquez tiene dislexia, un trastorno neurológico que afecta la lectura, escritura y comprensión del lenguaje, lo que podría explicar ciertos comportamientos, como su sonrisa irónica durante las audiencias, que no necesariamente era una burla. Sin embargo, no hay evidencia en las fuentes de un diagnóstico oficial de discapacidad mental que justificara un tratamiento judicial diferente. La madre de Márquez también mencionó un diagnóstico de déficit de atención en su infancia, pero no se profundizó en trastornos psiquiátricos graves.
En contraposición, la víctima, Edith N., y varios usuarios en redes sociales sostienen que la sentencia es justa, dado el carácter violento de la agresión captada en video, y algunos consideran que alegar problemas mentales es un intento de justificar sus acciones. Edith expresó que la condena de 17 años le parecía insuficiente y denunció intimidaciones por parte de la familia de Márquez, lo que refuerza la percepción de falta de arrepentimiento.
El debate refleja diferencias entre el sistema judicial mexicano, que priorizó la gravedad del delito, y sistemas extranjeros que podrían considerar evaluaciones psiquiátricas más exhaustivas. Aunque hay indicios de problemas de conducta y un trastorno neurológico, no se presentaron pruebas concluyentes de una discapacidad mental que alterara significativamente su responsabilidad penal. La discusión sigue abierta, pero la justicia mexicana actuó conforme a las pruebas y el marco legal vigente.
