Familiares de militares desaparecidos y asesinados en diversos países han alzado la voz para exigir justicia, verdad y acciones concretas de las autoridades. En México, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, desde 2008 se reportan 159 militares desaparecidos, principalmente durante la «guerra contra el narcotráfico» iniciada en el gobierno de Felipe Calderón. Casos como el del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, desaparecido en 2022, destacan la falta de avances en las investigaciones. Familiares y colectivos denuncian inacción de las autoridades, como en el caso de los dos militares hallados sin vida en Guanajuato en marzo de 2025, donde no se han identificado responsables.
En Venezuela, familiares de César Eduardo Sánchez y Jeison Pardo León, desaparecidos en 2017 tras ser detenidos por militares, acusan encubrimiento por parte de la Fiscalía y el sistema judicial, exigiendo respuestas sobre su paradero. En Colombia, familias de militares muertos en el conflicto armado han pedido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ser reconocidas como víctimas para obtener justicia. En Uruguay, la organización Madres y Familiares de Desaparecidos ha instado al presidente Yamandú Orsi a priorizar la búsqueda de desaparecidos, exigiendo información de las fuerzas militares.
En estos casos, los familiares enfrentan obstáculos como la falta de investigaciones efectivas, encubrimiento institucional y estigmatización. Marchas, misas y protestas, como las realizadas en Culiacán, México, o Teuchitlán, Jalisco, reflejan el clamor por justicia y el fin de la impunidad. Los colectivos exigen no solo la localización de los desaparecidos, sino también que se castigue a los responsables y se implementen políticas públicas para prevenir más casos.
