La inminente elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) representa un punto de inflexión para el sistema judicial mexicano. El 1 de junio de 2025, el pueblo decidirá quién liderará el máximo tribunal del país en un proceso inédito que ha generado profundas controversias.
La reforma judicial que permitió esta elección por voto popular ha sido promovida bajo el argumento de democratizar el Poder Judicial, pero también ha despertado críticas que alertan sobre su posible captura política.
En este contexto, es imprescindible analizar a los principales contendientes para determinar quién posee la preparación necesaria para ocupar el cargo y quiénes podrían estar influidos por el oficialismo actual.
Yasmín Esquivel Mossa: La «Ministra de la Transformación»
Con un discurso alineado al oficialismo, Esquivel Mossa inició su campaña en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, autodenominándose como la «ministra de la transformación». Su trayectoria en la Corte es extensa, pero su reputación quedó empañada tras las acusaciones de plagio en sus tesis académicas.
Si bien ha impulsado una agenda de justicia «humanista y de puertas abiertas», su cercanía con el poder ejecutivo pone en tela de juicio su independencia. Su respaldo en encuestas, donde lidera con mayor %, sugiere una estructura política bien organizada detrás de su candidatura.
Lenia Batres Guadarrama: La candidata del pueblo
La ministra Batres ha centrado su discurso en la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial. En su mitin en Tlalpan declaró que solo «el pueblo puede salvar al Poder Judicial de las manos corruptas.» Su designación inicial en la SCJN fue impulsada directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que levanta dudas sobre su independencia. Ha contado con un fuerte respaldo de la familia Batres aliados a la fuerza políticas con el Partido Verde y bueno que decir de quienes están detrás del partido verde y de Morena, lo que genera dudas sobre su autonomía real Además, su experiencia en el ámbito judicial es cuestionable, ya que ha sido más una operadora política que una jurista de carrera.
Loretta Ortiz Ahlf: La experiencia en Derechos Humanos
Ortiz Ahlf posee una sólida formación en derechos humanos y una trayectoria destacada en el ámbito académico. Inicialmente, fue crítica de la reforma judicial, pero posteriormente se alineó con el discurso oficialista. Su perfil busca equilibrar independencia al gobierno.
Marisela Morales Ibáñez: Seguridad y Combate al Crimen
Exprocuradora General de la República, Morales Ibáñez, tiene un perfil enfocado en la seguridad y justicia penal. Sin embargo, su vínculo con el gobierno de Felipe Calderón podría jugar en su contra en un contexto donde el oficialismo busca desligarse de administraciones pasadas.
El riesgo de la Elección Más allá de los perfiles individuales, es importante analizar la metodología de esta elección. Muchos ciudadanos han expresado su preocupación por la falta de conocimiento técnico para elegir jueces y ministros, argumentando que no se trata de una elección basada en simpatías políticas, sino en competencia y autonomía profesional.
mucho menos dejarse llevar por las encuestas amañadas y manipuladas.
Esta inquietud es válida, ya que la designación de un ministro de la SCJN debería responder a criterios de mérito y no a la popularidad de grupos políticos.
Si se busca independencia y autonomía, los perfiles de Yasmín Esquivel y Lenia Batres generan dudas considerables debido a su cercanía con el gobierno actual.
Por otro lado, Ortiz Ahlf y Morales Ibáñez si bien sabemos que cuenta con mas trayectoria en el ámbito jurídico, aunque también tiene sus propios matices políticos.
El verdadero problema radica en que este proceso no solo define al próximo presidente de la SCJN, sino que también pone en riesgo la independencia del Poder Judicial en su conjunto en caso que alguna vez haya tenido la independencia.
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El gobierno actual ha mostrado un patrón muy visible de concentración de poder, y permitir que la SCJN quede bajo la influencia del Ejecutivo. ¿Podría ser el paso definitivo hacia un debilitamiento institucional?.
En el resto del país, se han documentado antecedentes polémicos: más de 12 aspirantes A ocupar cargos importantes, están relacionados con acoso y narcotráfico, entre otras acusaciones, Esto refuerza la necesidad de un escrutinio profundo sobre quiénes aspiran a ocupar estos cargos clave.
A pesar de estos cuestionamientos, buscan desempeñar un rol clave en la administración de justicia y algunos de ellos están respaldado desde los gobiernos locales.
Ante un proceso electoral sin precedentes, es crucial que los ciudadanos voten con criterio, no por afinidad partidista, sino por la capacidad y autonomía de los aspirantes.
La independencia del Poder Judicial está en juego y el resultado de esta elección definirá el equilibrio institucional en México.
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