El gobierno mexicano se ha vendido como el epítome de la honestidad bajo el lema «no mentir, no robar, no traicionar», las evidencias siguen apuntando en la dirección opuesta.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado que durante el ejercicio fiscal de 2023 se identificaron irregularidades en el gasto federal por más de 51,979 millones de pesos. Este monto, alarmante por sí solo, representa casi el doble de las anomalías detectadas el año anterior. La pregunta es inevitable: ¿realmente se está combatiendo la corrupción o solo se ha maquillado con un discurso populista?
Desde el inicio del sexenio, el oficialismo ha insistido en que esta administración es distinta a las anteriores, asegurando que las «prácticas del pasado» habían sido erradicadas. Sin embargo, los datos duros de la ASF muestran que la corrupción no solo persiste, sino que se expande bajo un gobierno que se niega a deslindarse de su marca política y prefiere minimizar cualquier señalamiento en su contra.
La narrativa oficial, que solía descalificar los informes de organismos autónomos cuando no le favorecían, ha quedado nuevamente expuesta. Con 2,369 auditorías realizadas a la cuenta pública del quinto año de gobierno, la ASF ha desenterrado desviaciones millonarias que requieren explicaciones urgentes. ¿Dónde están los responsables? ¿Se aplicará la misma dureza que se prometió contra la corrupción o el «pueblo bueno» deberá conformarse con el silencio oficial?
El discurso anticorrupción ha sido la piedra angular del actual gobierno, pero la realidad demuestra que las irregularidades en el manejo de los recursos públicos han crecido sin que haya sanciones ejemplares.
Es inevitable recordar los casos de Segalmex, el sobrecosto en proyectos emblemáticos y la opacidad en la contratación de obras.
La diferencia es que antes estos escándalos eran usados como argumento para justificar el cambio, y ahora se intenta minimizar o desviar la atención.
Las irregularidades detectadas por la ASF no son simples errores administrativos; representan una muestra clara de cómo el dinero de los ciudadanos es manejado sin la transparencia prometida.
Mientras la inflación impacta el precio de la canasta básica, la inseguridad aumenta y los programas sociales se convierten en herramientas electorales, el gobierno sigue sin rendir cuentas claras sobre el destino de estos recursos.
La estrategia oficial será desestimar el informe, culpar al pasado o, en el mejor de los casos, prometer «investigaciones» que no llegarán a nada.
Pero los datos están sobre la mesa: 51,979 millones de razones para que la ciudadanía exija explicaciones y resultados.
Si de verdad este gobierno no miente, no roba y no traiciona, el momento de demostrarlo es ahora.
La transparencia no se declama, se ejerce; la corrupción no se combate con discursos, sino con hechos.
Y hasta hoy, los hechos han sido demoledores para el relato oficial.
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