Ismael «El Mayo» Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, ha sido representado por varios abogados entre ello Frank Pérez.
Recientemente, la opinión pública se polariza con facilidad; cualquier conexión entre actores políticos y personajes del crimen organizado se convierte en un asunto de alto impacto.
Recientemente, el caso del abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez ha puesto sobre la mesa una serie de interrogantes sobre la congruencia del discurso de la Cuarta Transformación en su lucha contra la delincuencia.
La solicitud de repatriación de Ismael «El Mayo» Zambada, uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades estadounidenses, ha abierto un debate no solo en el ámbito legal, sino también en el político. La petición argumenta una supuesta detención ilegal y busca que sea juzgado en México bajo el principio de soberanía nacional. Sin embargo, lo que ha generado inquietud es que su asesor jurídico en México sea Penilla, un abogado con vínculos documentados con Morena y la actual presidenta Claudia Sheinbaum.
Si bien el gobierno ha intentado desvincularse del caso, negando cualquier relación con Penilla, lo cierto es que este abogado ha sido asesor honorífico en Tamaulipas y ha aparecido en fotografías junto a figuras clave del oficialismo. La misma presidenta insiste en mencionar que se toma fotografía con todos los ciudadanos y que no va a establecer contubernio con nadie, negando la relación o la complicidad.
Estos hechos han dado paso a una narrativa donde la credibilidad del discurso gubernamental queda en entredicho.
El caso se torna aún más complejo cuando la periodista Anabel Hernández señala coincidencias entre la carta de «El Mayo» y la presencia de Marcelo Ebrard en el consulado donde se envió el documento. Esto ha desatado especulaciones sobre si hay un acuerdo político encubierto o simplemente una desafortunada casualidad.
Más allá de las especulaciones, hay una realidad innegable: este caso representa un golpe a la imagen del gobierno. La Cuarta Transformación ha basado su narrativa en la lucha contra la corrupción y la independencia de la justicia, pero la aparición de figuras cercanas al oficialismo en un caso tan delicado genera dudas sobre la verdadera autonomía del gobierno frente al crimen organizado.
El problema no es únicamente la conexión entre Penilla y Morena, sino la posibilidad de que la defensa de Zambada se convierta en un factor de tensión diplomática con Estados Unidos.
Si México acepta la repatriación, podría interpretarse como una concesión al crimen, debilitando la cooperación en seguridad con Washington, evidenciando una postura incongruente en materia de derechos humanos y soberanía.
La Cuarta Transformación se enfrenta a un dilema que va más allá de la legalidad del caso: su credibilidad está en juego. Mientras el gobierno insiste en deslindarse de Penilla, la información disponible sugiere que el abogado ha tenido cercanía con la 4T.
En política, las coincidencias rara vez son fortuitas, y la percepción pública juega un papel crucial en la construcción de legitimidad.
Si Morena no maneja con astucia este caso, podría convertirse en una bomba mediática que dejara en evidencia lo que se ha venido planteando por muchos analistas y críticos, sobre el su discurso de combate a la impunidad y su nacionalismo vacío.
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