En la política mexicana, la justicia debería ser un pilar fundamental para garantizar el Estado de derecho. Sin embargo, hoy quiero mencionarte dos casos recientes que tienen mucho en común.
Emiliano Ramos y Uriel Carmona, lo que se vislumbra no es un ejercicio genuino de la justicia, sino su utilización como un arma dm e control político.
Ambos casos, aunque distintos en sus particularidades, tienen un denominador común: la manipulación del sistema judicial para neutralizar adversarios incómodos.
La narrativa en torno a Emiliano Ramos, un exdiputado de Quintana Roo. Ha sido moldeada a conveniencia. Inicialmente acusado de compra de votos en un caso que no pudo sostenerse por falta de pruebas, la estrategia mutó a una denuncia de violencia familiar.
Esta transición en las acusaciones no es casualidad; cuando un cargo no logra la condena mediática necesaria, se recurre a otro más polémico y de fácil aceptación social.
Lo alarmante no es solo la falta de pruebas concretas, sino la manera en que ciertos sectores políticos han amplificado la acusación sin cuestionarla, evidenciando una intención más política que jurídica.
El respaldo institucional que ha recibido la parte acusadora, Paola Moreno, diputada por parte de diputados y figuras políticas alineadas al mismo partido político, en su favor, sugiere un manejo interesado del caso.
Mientras tanto, los colectivos que apoyan a Emiliano Ramos son ignorados o desacreditados, dejando claro que en la justicia mediática solo importa quién tiene más influencia y no quién tiene la razón.
El caso del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, sigue un patrón similar. Su destitución no es solo resultado de un proceso legal, sino de una decisión política conveniente para ciertos grupos de poder.
Carmona fue un fiscal incómodo desde el inicio de su gestión, pero su insistencia en investigar al exgobernador Cuauhtémoc Blanco y solicitar su desafuero por una presunta violación lo puso en el centro del conflicto político.
Más allá de sus posibles errores o responsabilidades, la rapidez con la que fue removido contrasta con la protección que suelen recibir otros funcionarios acusados de irregularidades.
La justicia en este caso parece haber actuado con una eficiencia selectiva, lo que refuerza la percepción de que en México no se castiga la corrupción o el abuso de poder, sino a quienes resultan un obstáculo para determinados intereses.
La instrumentalización de la justicia en ambos casos pone en evidencia un fenómeno recurrente en la política mexicana: el uso del aparato judicial no para atender las causas reales de la corrupción y el abuso de poder, sino para consolidar el control político.
La verdad y la justicia se convierten en herramientas maleables que sirven a la conveniencia del grupo en el poder, dejando de lado cualquier buena intención, de impartir justicia.
El mensaje que estos casos envían es claro: en México, la justicia no es un fin, sino un medio.
No se trata de castigar a los responsables, sino de eliminar a los incómodos.
En este contexto, la ciudadanía debe cuestionar hasta qué punto el sistema judicial está al servicio de la ciudadanía y hasta qué punto es solo un engranaje más en la maquinaria del poder político que solo le interesa el control absoluto. para hacer de las suyas, haciendo a un lado el verdadero equilibrio de poderes.
Si la justicia se sigue utilizando como un arma política, el peligro no solo recae en quienes hoy son perseguidos, sino en todos aquellos que, en un futuro, se atrevan a desafiar al poder establecido
