La reciente condena de José Luis Pech Galera, exrector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, ha dejado al descubierto no solo las profundas desigualdades en la implementación de justicia en México, sino también la red de complicidades que opera desde las entrañas del poder político en Quintana Roo.
Este caso, que podría parecer una nota al pie en la larga historia de corrupción en el país, simboliza algo mucho más preocupante: la consolidación de un sistema que castiga a los débiles y protege a los poderosos.
La sentencia otorgada a Pech Galera por su participación en la «Estafa Maestra» es un claro ejemplo de esta desigualdad.
Una condena conmutable por trabajos comunitarios y sin una orden inmediata de resarcir los 20 millones de pesos desviados es, en esencia, una burla para los miles de ciudadanos que enfrentan años de prisión por delitos menores, como la subestación de alimentos.
La disparidad es abrumadora: mientras los menos favorecidos pagan con su libertad la falta de recursos para defenderse, los actores políticos vinculados a actos de corrupción cuentan con privilegios que les garantizan impunidad.
La «Estafa Maestra» no es un caso aislado; es un modelo sistemático de saqueo, un guion escrito con tinta color guinda que refuerza las narrativas de complicidad entre los gobiernos locales y las élites políticas.
En Quintana Roo, las reformas legislativas promovidas por diputados locales para otorgar privilegios al presidente del tribunal son una muestra del pacto de poder que domina el estado. Bajo el pretexto de «rectificaciones», se asegura la continuidad de funcionarios clave en el sistema judicial, transformándolo en un brazo político al servicio de los intereses gubernamentales.
Este esquema permite que figuras como Pech Galera en Quintana Roo.
No hay que olvidar el caso de Segalmex, en donde Liconsa aparece ligada a la entrega de convenios multimillonarios al partido Movimiento Ciudadano, así como el extravío de estados financieros y otorgamiento de contratos a empresas fachada vinculadas con desarrollos inmobiliarios. Ignacio Ovalle como director de la dependencia de segalmex conocida también como la Estafa maestra de la 4t.
La indignación social es comprensible. La ciudadanía exige un sistema judicial que sea independiente, imparcial y verdaderamente al servicio del pueblo. Sin embargo la falta de voluntad política perpetúan un modelo de desigualdad donde la justicia se aplica con severidad solo a quienes no pueden pagar su defensa o no forman parte de la élite política.
El caso de José Luis Pech Galera y Ignacio Ovalle, es apenas una comilla en el guion de la corrupción.
Este tema subraya la urgencia de implementar reformas profundas que eliminen los privilegios judiciales y fortalezcan la independencia de los tribunales y, sobre todo, que garanticen la igualdad ante la ley.
