El asesinato de Antonio de Jesús Sarmiento Ruiz y sus hijos en Sinaloa no solo es una tragedia desgarradora; es un síntoma alarmante del fracaso de las políticas de seguridad del gobierno estatal y, por extensión, del oficialismo nacional. Las calles de Culiacán se llenaron de ciudadanos vestidos de blanco que exigían justicia, pero encontraron un Palacio de Gobierno cerrado, un gobernador ausente, y declaraciones vacías por parte de los representantes estatales.
Esto no es un caso aislado: es el reflejo de un patrón que se repite de manera preocupante en estados como Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, entre otros más.
Desde su llegada al poder, el partido que se autoproclama de «izquierda» ha prometido poner al pueblo en el centro de las decisiones, pero los hechos demuestran otra realidad. La estrategia de «construcción de paz puerta por puerta» ‘Sí al Desarme, Sí a la Paz’ y los programas sociales y apoyos económicos, no está funcionando porque ataca los efectos, pero no las causas de los problemas.
Tomemos como ejemplo Sinaloa: mientras el gobierno estatal se esfuerza por garantizar la presencia de programas asistenciales, la violencia sigue desbordada, con un incremento en los homicidios dolosos en el último trimestre.
La respuesta del oficialismo ante las tragedias ha sido preocupante, no por su inacción únicamente, sino por su capacidad para minimizar las desgracias y desviar la conversación.
En tabasco, se enfrentan problemas similares: un gobernador que parece más interesado en mantener una narrativa triunfalista que en atender las constantes quejas de inseguridad y falta de servicios básicos.
En Quintana Roo, mientras la violencia y el crimen organizado se filtran en los destinos turísticos, las autoridades justifican su inacción hablando de atraer inversión extranjera. Al ir a España sin atender las causas principales de los municipios, los ciudadanos lo califican como irresponsabilidad.
Un caso que ejemplifica esta situación es el de la diputada Paola Moreno, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso estatal, quien, mientras cientos de familias, buscan respuestas ante desapariciones y demandas de manutención, A esto se suma la polémica ratificación del presidente del Tribunal de Quintana Roo hasta el año 2033.
En Guerrero, una de las entidades más golpeadas por la pobreza, la respuesta, es un silencio total.
La narrativa de que este gobierno es «diferente» ya no convence a una sociedad analítica cansada de promesas vacías.
De hecho, el oficialismo no solo replica estrategias fallidas del pasado, sino que además las refuerza con su propia soberbia política.
Este conjunto de Gobierno está desbordando al país; el gobierno prefiere centrarse en justificar, minimizar, y culpar a otros para seguir teniendo el control como una secta política.
¿Por qué no se atienden las causas?, porque priorizar a la sociedad para una secta política no es políticamente rentable.
El actual oficialismo no es más que una versión maquillada de los sistemas que prometió erradicar.
¿Qué es más grave? ¿Qué el gobierno no cumple sus promesas o que la sociedad las siga creyendo?
