La política en México, sin cambios, queda al descubierto como un terreno donde el poder y los intereses de grupo prevalecen sobre los principios fundamentales de la justicia y la igualdad.
Este es el caso, que involucra a la diputada local de Quintana Roo, Paola Moreno Córdova, evidencia prácticas de nepotismo, tráfico de influencias e impunidad, elementos que siguen debilitando la confianza en las instituciones democráticas del país.
Este escenario expone una peligrosa parcialidad: mientras los funcionarios de alto perfil cuentan con plataformas y apoyos políticos inmediatos, las voces de los ciudadanos comunes —madres, niñas y defensoras de derechos humanos— enfrentan trabas burocráticas y un sistema que parece estar diseñado para perpetuar su desamparo.
En este caso, destaca la denuncia realizada por la menor V.E.J.R.T. en febrero de 2023, que acusa a la Paola Moreno Córdova de actos de violencia familiar y vicaria.
A pesar de los peritajes de la Fiscalía de Quintana Roo que avalan la necesidad de reabrir el caso, las autoridades judiciales y administrativas han demorado durante casi dos años cualquier resolución significativa.
La impunidad, en este contexto, no es un accidente; es el resultado directo de redes de influencias que protegen a los actores políticos involucrados.
Además, el Poder Judicial del estado ha negado recursos y postergado audiencias esenciales para salvaguardar los derechos de las menores afectadas, dejando en evidencia un sistema judicial inclinado a proteger a quienes ostentan poder político, en lugar de a las víctimas.
En una carta dirigida a la Comisión de Igualdad de Género, colectivos feministas, organizaciones de defensa de los derechos humanos y familiares de las víctimas han solicitado un derecho de audiencia.
Su objetivo es exponer las inconsistencias legales y sociales que han perpetuado la revictimización de cuatro menores y de las mujeres que las apoyan. Sin embargo, hasta el momento, genera preguntas fundamentales: ¿quiénes están siendo realmente escuchados por las instituciones?
Este caso deja al descubierto una problemática que atraviesa todo el sistema político mexicano: la consolidación de clanes y redes de poder que operan para proteger a sus integrantes, sin importar las consecuencias para la sociedad.
Ser parte de un «clan político» parece ofrecer una inmunidad implícita, una protección que ignora las denuncias, desacredita a las víctimas y perpetúa la desigualdad.
Si la justicia se limita a favorecer a unos pocos, ¿cómo puede hablarse de imparcialidad? Las instituciones que deberían representar a todos los ciudadanos, especialmente a los sectores más vulnerables, parecen priorizar intereses políticos y personales sobre el bien común.
Este caso no debe ser una anécdota más de impunidad en México. Es una oportunidad para que el Congreso de la Unión demuestre que está comprometido con la justicia y la equidad, sin importar los nombres o los cargos involucrados.
Las víctimas, respaldadas por colectivos y defensoras, merecen ser escuchadas con la misma atención que quienes ostentan el poder.
La imparcialidad no es un lujo; es un derecho. Y mientras no se garantice para todos los ciudadanos, las instituciones seguirán fallando en su misión más básica: servir a la sociedad de manera justa y equitativa.
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