Por: Armando J. García.
México enfrenta un desafío monumental: décadas de problemas estructurales y políticos han obstaculizado su avance hacia una gobernabilidad democrática efectiva.
La transición de la administración de Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum no solo hereda las tensiones de un modelo de transformación, sino que amplifica la confrontación entre ideales políticos y una realidad implacable que pone a prueba esos propósitos.
Reformas como la fallida ampliación del mandato de Arturo Zaldívar o la controvertida transferencia de la Guardia Nacional a la SEDENA evidencian una pugna entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte. Sin embargo, estas acciones parecen más respuestas coyunturales que soluciones de fondo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), concebida como un contrapeso a los abusos del poder, vive un momento complicado y pierde credibilidad.
A pesar de algunos logros históricos, como la visibilización de casos emblemáticos (Acteal en 1997 y Ayotzinapa en 2014), su autonomía ha sido cuestionada en los últimos años, diluyendo su papel en un entorno donde la justicia para las víctimas sigue siendo una promesa vacía. .
Frente a un panorama de creciente autoritarismo, la pregunta es inevitable: ¿puede la CNDH recuperar su esencia fundamental y cumplir su mandato de protección?
La economía mexicana enfrenta un dilema crítico. El creciente endeudamiento, los presupuestos optimistas y los recortes en áreas clave como salud y seguridad han generado una fragilidad institucional evidente.
Mientras los recursos se concentran en megaproyectos de alto costo político y económico, las instituciones esenciales se debilitan, erosionando la capacidad del Estado para atender las necesidades que siguen sin atenderse.
bajo este contexto no solo perpetúa una cultura política de improvisación y retórica, sino que también refuerza una narrativa oficial que contrasta con las realidades de millones de mexicanos.
La violencia y la criminalidad siguen siendo los mayores retos para el país. Desde la “narco guerra” en Sinaloa hasta los altos índices de inseguridad en Chiapas y Guerrero, la narrativa de “pacificación” promovida por el gobierno parece un espejismo.
Gobernadores como Rubén Rocha Moya en Sinaloa enfrentan serias críticas por su aparente incapacidad para contener la violencia, lo que plantea la pregunta: ¿Cómo reconstruir un tejido social devastado en un entorno donde la presencia del crimen organizado se ha normalizado?
México no está perdido, pero tampoco ha encontrado un camino claro para salir de su laberinto político.
La democracia sigue siendo un ideal en construcción, amenazado constantemente por intereses particulares, decisiones improvisadas y una clase política que no termina de asumir su responsabilidad.
La oposición, liderada por partidos como el PAN, PRI, intentan reposicionarse frente a un modelo de la Cuarta Transformación que ha polarizado al país. Sin embargo, sus discursos, y la falta de calidad moral, al igual que los del oficialismo, rara vez abordan las raíces del problema, dejando el debate político atrapado.
El reto para México no es menor. Como sociedad, debemos preguntarnos: ¿estamos dispuestos a exigir un cambio real y construir un país con instituciones sólidas y justicia social, o seguiremos navegando en un laberinto de promesas y decepciones?
La respuesta no está solo en los liderazgos, sino en una ciudadanía activa y crítica, capaz de forjar un camino hacia una gobernabilidad que trascienda discursos y se materialice en resultados tangibles.
