Por Armando J Garcia.
La estabilidad de México enfrenta una encrucijada alarmante. Las declaraciones del gobernador de Tabasco, Javier May, sobre los vínculos de un exfuncionario de seguridad con el crimen organizado, reavivan un problema sistémico: la colusión entre el poder político y las redes criminales.
Este fenómeno, sumado a la narrativa de gobiernos anteriores que han negado, lo que presuntamente dicen, que se permitió o facilitó la expansión de grupos como La Barredora. —
El detalle es que si hablan del gobierno del pasado es hablar de ellos mismos, ya que Adán Agusto fue uno de esos del pasado y hoy está en el gobierno del presente.
Pero el problema no se limita a lo local. La sombra de la corrupción alcanza niveles nacionales e internacionales, con ejemplos como el caso de Genaro García Luna y otros funcionarios que han vendido su lealtad al mejor postor.
La violencia no solamente se perpetúa por la fuerza de los cárteles, sino también por la complicidad de quienes, desde posiciones de poder, han permitido que estos grupos echen raíces profundas.
En este contexto, Estados Unidos soporta su postura. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el discurso sobre los cárteles mexicanos escala peligrosamente.
Su intención de designarlos como organizaciones terroristas no solo tiene implicaciones legales, sino que abre la puerta a sanciones económicas y posibles intervenciones militares en suelo mexicano.
Las declaraciones de figuras como Tim Kennedy, destacan que la lucha contra los cárteles será una batalla feroz.
Mientras tanto, en el ámbito político nacional, los cambios de partido se han vuelto una práctica común y, con ello, la ética parece quedar en el olvido. El enfrentamiento reciente entre la senadora Lilly Téllez y Cynthia López Castro ejemplifica cómo las descalificaciones personales sustituyen el debate de fondo.
Enfrentamos un escenario donde las tensiones internas y externas amenazan la soberanía y la seguridad de la nación.
La pregunta no es si México resistirá las presiones, sino a qué costo y bajo qué liderazgo.
Si los cárteles son designados como terroristas, México podría enfrentarse a sanciones que afectarían su economía.
Es hora de reflexionar: ¿cuánto más podemos tolerar que el crimen organizado dicta las reglas?
¿Cuánto tiempo más permitiremos que nuestros líderes políticos cambien de bandera o color de siglas solo por perpetuar en el poder, en lugar de asumir una postura ética sólida?
La sociedad mexicana debe exigir claridad, rendición de cuentas y una estrategia integral que ponga fin a la violencia y al oportunismo político.
El futuro no solamente está en manos de quienes gobiernan, sino en la capacidad de la ciudadanía para exigir un cambio real. Pero el pueblo bueno y sabio dice que todo marcha bien.
En un mundo globalizado, la inacción interna podría convertirnos en blanco de decisiones externas, con consecuencias impredecibles.
México necesita un despertar ciudadano que frene esta espiral antes de que sea muy tarde.
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