En México, la independencia judicial parece enfrentar uno de sus momentos más críticos, aunque no es precisamente un tema nuevo en la larga novela de la política nacional. Ahora, con la aprobación de una Reforma Judicial impulsada por Morena, el gobierno afirma que busca acercar la justicia al pueblo. Sin embargo, esta “nueva” autonomía judicial suena más a un monólogo repetido: el mismo escenario de siempre, solo que con un reparto diferente.
Marko Cortés Mendoza, presidente del PAN, denuncia que Morena utiliza su mayoría en el Congreso para “neutralizar” al Poder Judicial, mientras la comunidad jurídica y los organismos internacionales se preparan para analizar, una vez más, los efectos de estas “transformaciones”.
Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se enfrenta a un dilema ya conocido: ¿defender su independencia o actuar como un espectador pasivo en el juego político? el hecho que la SCJN protegerá su autonomía suena alentadora, aunque ya hemos escuchado esta esperanza antes.
Ante este escenario En paralelo, la CIDH ha decidido entrar al escenario para ofrecer una audiencia en Washington, donde los representantes del Poder Judicial y defensores de derechos humanos presentarán sus preocupaciones sobre la reforma. ¿Innovación o riesgo?
Para algunos, la reforma es un experimento peligroso, especialmente aquí en México, donde las urnas han sido testigos de toda clase de trucos y apariciones, incluso de aquellos con intereses dudosos.
Para Cortés Mendoza y la comunidad jurídica no ven en esto una reforma, sino una “cacería de brujas” bien orquestada contra jueces y magistrados que aún intentan defender una autonomía judicial cada vez más frágil. Irónicamente, mientras el gobierno habla de una “justicia más cercana al pueblo”, las demandas reales de los ciudadanos —como la inseguridad, la corrupción y el abandono social— parecen olvidadas entre telones.
Así, se va tejiendo un guion donde los problemas de fondo son desplazados por las prioridades políticas del momento.
Pareciera que en México las demandas de justicia social siempre quedan en lista de espera, esta reforma parece más preocupada por alinear poderes que por proteger los derechos humanos. Medios críticos como Latinus y periodistas independientes han documentado persecuciones y ataques contra aquellos que se atreven a cuestionar la «transformación judicial».
Mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela un presunto daño patrimonial de más de 6 mil millones de pesos y múltiples irregularidades en CFE y PEMEX, pero estos temas parecen secundarios en esta cruzada por el “progreso”.
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