El juez Brian Cogan sentenció a 38 años y ocho meses de prisión, una multa de dos millones de dólares y cinco años de libertad condicional al exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, por los delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y mentir a las autoridades de Estados Unidos.
Durante la audiencia celebrada este miércoles en la Corte de Distrito de Nueva York, García Luna libró la cadena perpetua que había solicitado como condena la Fiscalía de Justicia de los Estados Unidos por sus nexos con los líderes del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.
García Luna, hallado culpable de cinco delitos
García Luna fue hallado culpable de participar en la dirección de una empresa criminal que continúa su actividad; conspiración para la distribución internacional de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de cocaína con intención de distribuirla; conspiración para la importación de cocaína, y falso testimonio a las autoridades de Estados Unidos.
Sin embargo, el exfuncionario también tiene cuentas pendientes en México donde la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, lo acusó de lavado de dinero y desvío de recursos públicos, por lo que el Gobierno mexicano solicitó, de manera formal, su extradición el 7 de diciembre de 2020.
La Fiscalía de los EU para el Distrito Este de Nueva York informó, en un comunicado, que el exfuncionario en el sexenio de Felipe Calderón, de 56 años, fue condenado por el juez Cogan a 460 meses de cárcel por su ayuda durante una década a la organización criminal citada a cambio de millones de dólares en sobornos.
Explicó que, tras un juicio de cuatro semanas en febrero de 2023, García Luna fue declarado por un jurado culpable de cinco cargos, cuatro de ellos vinculados al narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses destacaron que como se demostró en el juicio de 2006 a 2012, García Luna utilizó sus cargos oficiales para ayudar al violento Cártel de Sinaloa, cuyas actividades incluían facilitar el paso seguro de los cargamentos de droga, proporcionar información confidencial acerca de las fuerzas de seguridad y sus investigaciones del grupo criminal.
Aunado a ello, resaltaron, ayudaba a la organización delictiva a atacar a otros cárteles de droga rivales, facilitando así la importación de cantidades de varias toneladas de cocaína y otras drogas a EU.
A cambio de sobornos, la Policía Federal del exservidor público actuaba como guardaespaldas y escolta del cártel, permitiendo a los miembros de éste llevar uniformes e insignias policiales y ayudando a bajar los cargamentos de cocaína de los aviones en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Breon Peace, fiscal estadounidense de dicho distrito neoyorquino, afirmó que “tras años de engaño y narcotráfico destructivo, García Luna pasará casi 40 años donde debe de estar: en una prisión federal”. Además, dijo, “envía un mensaje contundente de que nadie, independientemente de su posición o influencia, está por encima de la ley”.
Añadió que “la sentencia dictada hoy contra Genaro García Luna es un paso fundamental en la defensa de la justicia y el Estado de derecho. Su traición a la confianza pública y a las personas a las que había jurado proteger dio lugar a la importación de más de un millón de kilogramos de estupefacientes letales en nuestras comunidades y desató una violencia incalculable aquí y en México”.
Anne Milgram, administradora de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos (DEA), dejó en claro que la condena contra el extitular de Seguridad Pública en México envía un mensaje a los líderes corruptos de todo el mundo que utilizan sus posiciones de poder para ayudar a los cárteles: “ningún poder los protegerá de la justicia”.
Mencionó que Genaro García aceptó millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa para permitir que millones de kilogramos de cocaína inundara las calles de Estados Unidos. “En lugar de proteger a los ciudadanos de México, García Luna protegía a los cárteles de la droga. La DEA seguirá persiguiendo implacablemente a las organizaciones de narcotraficantes y a quienes las protejan”, puntualizó.
En el mismo comunicado, Katrina W. Berger, directora ejecutiva asociada de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), subrayó que “la sentencia dictada hoy envía un poderoso mensaje de que nadie está por encima de la ley”.
Fuente: La Razón
